| Crónica de una injusticia:Síntesis del caso de Los Cinco cubanos |
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En septiembre de 1998 cinco cubanos, fueron arrestados en Miami por agentes del FBI y aislados en celdas de castigo durante 17 meses antes que su caso fuera llevado al tribunal. Su misión en los Estados Unidos era monitorear las actividades de grupos y organizaciones responsables de actividades terroristas contra Cuba. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González fueron acusados del nebuloso cargo de conspiración para cometer espionaje. El gobierno de Estados Unidos nunca los acusó de espionaje real, ni afirmó que hubiera ocurrido espionaje real ya que no les fue incautado ningún documento clasificado. A pesar de la enérgica objeción por parte de la defensa, el caso se llevó a juicio en Miami, Florida, comunidad con una larga historia de hostilidad hacia el Gobierno cubano, que impidió en este caso la realización de un juicio justo. El juicio duró más de seis meses, convirtiéndose en el más largo en Estados Unidos hasta ese momento. Más de 119 volúmenes de testimonios y 20 000 páginas de documentos fueron compilados, incluyendo el testimonio de tres generales retirados del ejército y un almirante retirado, quienes coincidieron en que no existía evidencia de espionaje. Al final del juicio, cuando el caso estaba a punto de ser presentado al jurado para su consideración, el gobierno reconoció por escrito que había fracasado en probar el cargo de conspiración para cometer asesinato impuesto a Gerardo Hernández, alegando que “a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo”. El jurado, no obstante, encontró culpables a los cinco de todos los cargos, después de haber sido puesto bajo una intensa presión por parte de los medios de prensa locales. Después de ser hallados culpables los Cinco fueron sentenciados a condenas que sumaron 4 cadenas perpetuas más 77 años y confinados a cinco cárceles diferentes de máxima seguridad, totalmente separadas una de otra y sin comunicación alguna entre ellos.
Adicionalmente se les impuso una cláusula según la cual “como una condición especial adicional de la libertad supervisada, se les prohíbe asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado.” Los cargos de conspiración para cometer espionaje y conspiración para cometer asesinato conllevaron para tres de ellos sentencias de cadenas perpetuas, convirtiéndose en las primeras personas en Estados Unidos en recibir cadena perpetua en casos relacionados con espionaje, en los que no existió evidencia de obtención y transmisión de un solo documento secreto. La apelación ha tomado 9 años. El 9 de agosto de 2005, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones revocó sus veredictos de culpabilidad al considerar que estos cinco hombres no tuvieron un juicio justo en Miami. En una acción inusual, el Gobierno solicitó a los doce jueces de la Corte de Apelaciones revisar la decisión del panel en un procedimiento llamado en banc. Exactamente un año después, el 9 de agosto de 2006, con una fuerte opinión discrepante por parte de dos de los jueces, el pleno de la Corte revocó por mayoría la decisión de los tres jueces originales. Mientras tanto, el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, después de estudiar los argumentos presentados tanto por la familia de los Cinco como por el gobierno de Estados Unidos, determinó que su privación de libertad era arbitraria y exhortó al gobierno de Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para rectificar esa arbitrariedad. El Grupo de Trabajo manifestó que, basado en los hechos y las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo el juicio, la naturaleza de los cargos y la severidad de las sentencias, la privación de libertad de los Cinco viola el Artículo 14 de la Convención Internacional sobre Libertades Civiles y Políticas, de la cual Estados Unidos es signatario. Nunca antes el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria ha denunciado como arbitraria la privación de libertad en un caso juzgado en Estados Unidos debido a violaciones cometidas durante el proceso legal. La falta de pruebas para sustentar las dos principales acusaciones – conspiración para cometer espionaje y conspiración para cometer asesinato en primer grado- y la imposición de condenas de cadenas perpetuas, completamente irracionales e injustificables, constituyó a lo largo de todo el proceso de apelación otro argumento clave de la Defensa para explicar la arbitrariedad del proceso. El 2 de septiembre de 2008 la Corte de Apelaciones de Atlanta ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco. Ratificó las sentencias de Gerardo Hernández y René González, y anuló las sentencias de Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino, por considerarlas incorrectas, enviando nuevamente a la Corte de Distrito de Miami los casos de estos tres últimos para ser re-sentenciados. En esa ocasión la Corte de Apelaciones en pleno reconoció que no existía evidencia alguna de que hubo obtención ni transmisión de información secreta o de defensa nacional en el caso de los acusados del cargo de conspiración para cometer espionaje. Por otra parte, uno de los tres jueces del Panel, la Jueza Phyllis Kravitch emitió una opinión disidente de 16 páginas en la que argumentó que no existía evidencia alguna para sustentar el cargo de conspiración para cometer asesinato. El 15 de junio de 2009 la Corte Suprema de Estados Unidos anunció, sin más explicaciones, su decisión de no revisar el caso de los Cinco cubanos a pesar de los sólidos argumentos esgrimidos por los abogados de la defensa ante las evidentes y múltiples violaciones legales cometidas durante todo el proceso. Desconocieron asimismo, el universal respaldo a esta petición y a los Cinco, expresado en una cifra de 12 documentos de “amigos de la Corte”, cantidad que constituye un hecho sin precedentes ya que representa el mayor número de amicus que se haya presentado hasta ese momento ante la Corte Suprema de Estados Unidos para la revisión de un proceso penal. 10 Premios Nobel entre los que figuran el Presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchu, José Saramago, Wole Soyinka, Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y Mairead Maguire; el Senado de México en pleno; la Asamblea Nacional de Panamá; Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-97) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1997-2002), y el ex Director General de la UNESCO, Federico Mayor, entre otros, suscribieron los amicus. A ellos se sumaron cientos de legisladores de todo el mundo entre los que se encuentran 75 miembros del Parlamento Europeo, incluyendo dos ex Presidentes y tres actuales vicepresidentes de ese órgano legislativo así como numerosas asociaciones de abogados y de derechos humanos de diferentes países de Europa, Asia y América Latina, personalidades internacionales y organizaciones legales y académicas de Estados Unidos. Con esta decisión del Supremo se agotaron en la práctica los recursos legales para apelar el fallo de la Corte de Atlanta que ratificó sus veredictos de culpabilidad. El 13 de octubre de 2009 tuvo lugar en la Corte de Distrito de Miami la audiencia de re-sentencia de Antonio Guerrero. En el curso de la misma la propia Jueza que en diciembre de 2001 le había impuesto la sentencia de una cadena perpetua más 10 años, se vio obligada a admitir que en el caso de Antonio no existía evidencia ni de obtención ni de transmisión de información secreta. No obstante, le impuso la injusta sentencia de 21 años y 10 meses en prisión más 5 años de libertad supervisada. El 8 de diciembre tuvo lugar la audiencia de re-sentencia de Fernando González y Ramón Labañino. La sentencia original de Fernando (19 años) fue modificada a 17 años y 9 meses en prisión, mientras la de Ramón (1 cadena perpetua más 18 años), fue reducida a 30 años en prisión. Durante todos estos años de injusto encarcelamiento la dilación en el otorgamiento de las visas a los familiares de los Cinco cubanos presos en territorio de Estados Unidos desde Septiembre 12, 1998, ha originado que en la mayoría de los casos, los mismos hayan podido visitarlos sólo una vez al año como promedio, aun cuando, de conformidad con las regulaciones de las prisiones respectivas, podrían haberlos visitado mensualmente. A dos de ellos, Gerardo Hernández y René González, se les ha impedido recibir la visita de sus respectivas esposas, Adriana Pérez y Olga Salanueva, a las que se les ha negado reiterada y sistemáticamente el permiso de entrada a territorio estadounidense para efectuar tales visitas. Como resultado de dichas negativas Adriana y Olga no han podido ver a sus esposos desde hace más de 11 y 9 años respectivamente.
OTROS CASOS JUZGADOS EN LOS ULTIMOS AÑOS POR CORTES NORTEAMERICANAS. COMPÁRESE LA DIFERENCIA CON EL TRATO A LOS CINCO CUBANOS Khaled Abdel-Latif Dumeisi, ciudadano jordano residente en Chicago, fue detenido en esa ciudad en enero de 2004, acusado de ser un agente del gobierno iraquí de Sadam Hussein y no haberse registrado como tal ante las autoridades norteamericanas. La acusación se basó en que Dumeisi suministraba información a los servicios de inteligencia de Bagdad sobre las actividades de los grupos de exilados iraquíes que conspiraban contra el gobierno de su país. El fiscal del caso, Patrick J. Fitzgerald, aclaró que Dumeisi no estaba acusado de espionaje a pesar de suministrar información a un gobierno hostil. En abril de 2004, en medio de la guerra desatada por EE.UU. en Iraq, Dumeisi fue sentenciado por los cargos de conspiración y agente extranjero no registrado a 3 años y 10 meses en prisión. A René González, uno de los 5, por los mismos cargos lo sentenciaron a 15 años. Leandro Aragoncillo, ciudadano norteamericano de origen filipino, fue declarado culpable por una Corte Federal de New Jersey en Julio de 2007 de obtener ilegalmente y trasmitir información secreta de defensa nacional de los Estados Unidos. Alrededor de 800 documentos clasificados fueron trasladados por Aragoncillo, desde su propia oficina en la Casa Blanca donde trabajó como asistente militar para los Vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney, antes de pasar a ser analista de inteligencia del Buró Federal de Investigaciones. Aragoncillo, quien admitió su culpabilidad, fue sentenciado a 10 años en prisión. Michael Ray Aquino, ciudadano filipino residente en los Estados Unidos, fue arrestado junto a Aragoncillo en el mismo caso de espionaje y acusado de conspirar para cometer espionaje. Aquino, quien admitió poseer documentos secretos con información sobre fuentes de inteligencia de Estados Unidos y sobre amenazas de actos terroristas contra personal militar estadounidense en Filipinas, fue sentenciado a 6 años y 4 meses en prisión. Gregg W. Bergersen, analista del Departamento de Defensa, fue declarado culpable en Julio de 2008 por una Corte Federal de Virginia de conspirar para trasladar información de defensa nacional a personas no autorizadas. Bergersen, quien admitió ante la Corte haber trasladado información sobre ventas militares de Estados Unidos a Taiwán a cambio de dinero y regalos, fue sentenciado a 4 años y 9 meses en prisión. Lawrence Anthony Franklyn, Coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue encausado en mayo de 2005 por una Corte Federal de Virginia por los cargos de trasladar información clasificada y de defensa nacional a un representante de un gobierno extranjero sin autorización. El Coronel desarrolló su actividad de espionaje mientras trabajaba en el Departamento de Defensa donde llegó a ocupar puestos en la Oficina de Asuntos de Seguridad Internacional y del propio Secretario de Defensa y donde gozaba de la más alta aprobación para tener acceso a información secreta sensible. Franklyn, quien admitió haber entregado información militar secreta a un diplomático israelí y a dos cabilderos de igual nacionalidad, fue sentenciado a 12 años y 7 meses en prisión más una multa de 10.000 dólares. El Juez, T.S. Ellis III, que le impuso la sentencia utilizando el nivel más bajo de la guía federal de sentencias, alegó que consideraba que Franklyn estuvo motivado por el deseo de ayudar a los Estados Unidos y no de dañarlo. José Padilla, ciudadano norteamericano que fuera arrestado en Mayo de 2002 y acusado de conspiración para cometer actos terroristas contra Estados Unidos y de conspiración para cometer asesinato, secuestro y mutilación, fue hallado culpable de todos los cargos en Agosto de 2007. Fue sentenciado por la misma Corte Federal del Distrito Sur de la Florida a 17 años y 4 meses en prisión. John Lindh Walker, ciudadano norteamericano capturado en Afganistán al inicio de la guerra de Estados Unidos contra ese país, fue condenado por una Corte Federal de Virginia a 20 años de prisión por estar luchando junto al ejército talibán contra las tropas estadounidenses y ser responsable de la muerte de varios soldados y un oficial de la CIA. Después de imponer dicha sentencia como resultado de una negociación de los cargos, la Corte añadió una cláusula de que Walter cumpliera su condena en una cárcel de California, donde vivía su familia para facilitarle las visitas familiares.Zacarías Moussaoui, de origen marroquí, nacido en Francia, y residente en el Reino Unido, fue arrestado, encausado y condenado en Estados Unidos por estar implicado directamente en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y estar vinculado a Al Qaeda. Moussaoui cumple su condena en una unidad de super-máxima seguridad de la prisión de Florence, Colorado. Su madre, residente en Francia, solicitó una visa al Gobierno de Estados Unidos para entrar a territorio estadounidense y visitarlo en prisión y éste le concedió una visa sin limitaciones de entradas por razones humanitarias. James W. Fondren Jr., ciudadano norteamericano, fue hallado culpable de entregar documentos clasificados del Departamento de Defensa a un agente del gobierno chino, incluyendo un informe sobre el poderío militar de China. Fondeen trabajó en el Pentágono y hasta febrero del 2008 fue subdirector de la Oficina de Enlace en Washington del Comando del Pacífico. En enero de 2010 fue condenado a 3 años de prisión. Durante estos años de injusta prisión la dilación en el otorgamiento de las visas a los familiares de los Cinco cubanos presos en territorio de Estados Unidos desde Septiembre 12, 1998, ha originado que en la mayoría de los casos, los mismos hayan podido visitarlos sólo una vez al año como promedio, aun cuando, de conformidad con las regulaciones de las prisiones respectivas, podrían haberlos visitado mensualmente. REITERADA NEGACIÓN DE VISAS A OLGA SALANUEVA Y ADRIANA PEREZ La familia de Olga Salanueva ha estado dividida desde el año 2000. Durante todos estos años Olga ha estado tratando de lograr una visa para entrar a territorio de Estados Unidos con el único propósito de visitar a su esposo, René González, quien cumple desde 1998 una condena de 15 años de prisión y que actualmente se encuentra en la Penitenciaría Federal de Marianna, Florida. La pareja tiene dos hijas fruto de su matrimonio: Irma, nacida en 1984, e Ivette, nacida en 1998 en Estados Unidos. La familia residió en Estados Unidos hasta el año 2000, cuando la hija más pequeña era un bebé, y no han vuelto a estar juntos desde esa época. La condena de René González fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Estados Unidos el 2 de septiembre de 2008 y la petición de revisión fue denegada por la Corte Suprema el 15 de junio de 2009. Al concluir su sentencia de 15 años, el Sr. González tendrá que completar 3 años más de libertad supervisada. El 16 de agosto de 2000, dos años después de que su esposo fuera arrestado y mientras estaba esperando juicio, Olga, que era residente legal permanente en Estados Unidos, fue detenida por autoridades de Inmigración, encarcelada durante 3 meses y deportada a Cuba en noviembre de ese mismo año. Aunque tenía amplias bases legales para apelar esta decisión, no lo hizo porque sus dos hijas menores, una de las cuales era un bebé, hubieran quedado sin la compañía de ambos padres mientras ella estuviera detenida. Estos trágicos hechos le han causado serios daños psicológicos a Ivette, que era solo un bebé cuando su familia fue destruida. En un esfuerzo para reunir a su familia, Olga ha tratado infructuosamente de solicitar visa en 9 ocasiones. Todas las veces sus solicitudes fueron denegadas. El gobierno de Estados Unidos ha alegado que ella es una amenaza para la seguridad nacional de ese país. En su último intento el 16 de Julio de 2008, a Olga se le notificó que ella era permanentemente inadmisible en Estados Unidos. El 23 de octubre de 2009 Olga solicitó al Departamento de Seguridad de la Patria de Estados Unidos un parole humanitario para entrar en el territorio de Estados Unidos con el único propósito de visitar a su esposo. El 18 de diciembre de 2009, dicho Departamento le denegó la solicitud de parole a pesar de haber estado avalada por cartas de importantes organizaciones religiosas y de derechos humanos, entre ellas el Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos, así como por Amnistía Internacional. La negación no mencionó las razones para tal decisión. Olga nunca ha sido acusada ni hallada culpable de ningún crimen en Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo. De más está decir que su visita familiar no tendrá ninguna implicación para la seguridad nacional ni para los intereses de política exterior de Estados Unidos. Adriana Pérez no ha visto a su esposo, Gerardo Hernández, por más de 11 años. Ellos han estado casados desde 1988. Durante todos estos años Adriana ha estado tratando una y otra vez de lograr una autorización del gobierno de Estados Unidos para visitarlo en California, donde está cumpliendo una sentencia de dos cadenas perpetuas más 15 años. Ha presentado múltiples solicitudes de visas – 10 en total – y todas estas solicitudes han sido denegadas por una amplia gama de razones que no tienen fundamentación alguna. El gobierno de Estados Unidos alega que ella es una amenaza a la seguridad nacional de ese país. La única vez que a ella le fue otorgada una visa, en el año 2002, se le negó la entrada a Estados Unidos después de arribar a Houston, Texas, y regresó a Cuba sin haber visto a su esposo. Las autoridades de Inmigración de Estados Unidos detuvieron arbitrariamente a Adriana durante 11 horas en el aeropuerto y le revocaron su visa sin ofrecer ninguna explicación que justificara la decisión de negarle la entrada a Estados Unidos. Las últimas dos solicitudes de visa de Adriana fueron negadas el 23 de enero y el 14 de Julio de 2009, de conformidad con la Sección 306 sobre el Reforzamiento de la Seguridad en la Frontera de la Ley de Reforma de Visa del 2002, que establece el no otorgamiento de visa de no inmigrante a nacionales de países considerados terroristas por el gobierno de Estados Unidos a menos que el Secretario de Estado considere que no representan un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta es una cuestión humanitaria. Ella pide solamente que se le permita visitar a su esposo y poder comunicarse con él cara a cara. Adriana nunca ha vivido ni visitado Estados Unidos y nunca ha sido acusada ni hallada culpable de ningún crimen en Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo. De más está decir que su visita familiar no tendrá ninguna implicación para la seguridad nacional ni para los intereses de política exterior de Estados Unidos. Numerosas organizaciones religiosas han ofrecido su apoyo y asistencia, incluyendo el acompañamiento a Olga y Adriana a visitar a sus esposos en caso de que les sea otorgada la autorización para entrar a territorio de Estados Unidos. El Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos; el Consejo Mundial de Iglesias, la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas y el Consejo Cubano de Iglesias han expresado un apoyo tan fuerte a Olga y Adriana que se han ofrecido voluntariamente para acompañarlas en sus visitas. El Arzobispo de Atenas y el Primado de la Iglesia Ortodoxa Griega, han expresado su apoyo a Olga y Adriana en su solicitud de visas para visitar a sus esposos. Organizaciones en todo el mundo han brindado su apoyo al reclamo de Olga y Adriana de que les sea permitido visitar a sus esposos, citando el derecho que les asiste tanto a ellas como a sus cónyuges. Amnistía Internacional ha emitido numerosas cartas, declaraciones e informes públicos, haciendo un llamado a que a Olga y Adriana se les entregue el documento de viaje que les permita visitar a sus esposos. En una carta dirigida a las autoridades norteamericanas el 11 de enero de 2006 Amnistía Internacional dijo: “Nosotros estamos preocupados que el largo período de permanente rechazo de visitas por parte de sus familiares inmediatos les ha ocasionado considerables penas a René González y a Gerardo Hernández, más allá de las condenas impuestas. El rechazo de las visitas ha tenido también un impacto perjudicial en los miembros de las familias de los prisioneros mencionados. Nosotros creemos que dada la ausencia de una amenaza clara e inmediata por parte de tales visitas, esta medida no sólo es un castigo innecesario, sino que el mismo va en contra, tanto de las normas para el tratamiento humano de los prisioneros, cómo de la obligación de los países de proteger la vida familiar.” Parlamentarios de todo el mundo han demandado también las visas para que Olga y Adriana visiten a sus esposos. 187 miembros del Parlamento Europeo firmaron una declaración escrita en el 2007 (0089/2006) solicitando al gobierno de Estados Unidos que otorgue las visas a ambas esposas. Otros europarlamentarios han presentado cartas en el 2007, el 2008 y el 2009 con la misma exigencia que ellos califican de clara cuestión humanitaria. Miembros de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, del Parlamento alemán, del Congreso de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes y otros Parlamentos del mundo también han escrito en apoyo a la solicitud de Olga y Adriana de visitar a sus esposos. Los alcaldes de 13 ciudades en California (Albany, Berkeley, Canyon Lake, Fairfax, Huntington Park, Maywood, Pasadena, Port Hueneme, Richmond, Salinas, Santa Cruz, Sebastopol y Winters) apoyan la solicitud de Olga y Adriana de que se les permita visitar a sus esposos, señalando:”A las dos mujeres se les debe permitir visitar a sus esposos sobre bases humanitarias. Las personas en California y en Estados Unidos así como en todo el mundo conocen de su situación. Su caso está en apelación, y no existe una razón justificada para negarles a estas familias el derecho de visita.” Los líderes de tres de los más importantes sindicatos en Estados Unidos: la Unión Internacional de Empleados de Servicios ( SEIU), el United Steel Workers (Sindicato Siderúrgico) y el International Brotherhood of Teamsters (Sindicato de Trabajadores del Transporte), han enviado cartas al gobierno de Estados Unidos solicitándole el otorgamiento de visas a Adriana y Olga. El 8 de marzo de 2009, la Comisión Internacional por el Derecho a Visitas Familiares envió una carta al Fiscal General de Estados Unidos, instando a que se le otorgara el parole humanitario a Olga Salanueva para que pudiera visitar a su esposo. Esta carta fue firmada por 108 miembros prominentes de la comunidad internacional, incluyendo Danielle Miterrand y los laureados con el Premio Nobel Rigoberta Menchu y Adolfo Perez Esquivel, así como otras celebridades, funcionarios gubernamentales, académicos y activistas por los derechos humanos. ADRIANA PEREZ
· El 15 de julio de 2009 le fue denegada otra vez la visa según la Sección 306 sobre el Reforzamiento de la Seguridad en la Frontera de la Ley de Reforma de Visa del 2002. En esta ocasión expresaron que la información que posee el Departamento de Estado no indica que Adriana supere la presunción de inadmisibilidad. · En agosto de 2009 Adriana Pérez solicitó nuevamente la visa. Dicha solicitud se encuentra aún sin respuesta. |
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